El pasado 2 de abril, los usuarios de Movistar sufrieron una intempestiva interrupción en su servicio de telefonía celular. Fue algo tan inédito como enigmático, a tal punto que la propia empresa demoró varias horas en encontrar la matriz del problema.

A la hora de dar una explicación, el director de Comunicaciones del Grupo Telefónica, Ramón Ponce Gil, advirtió que las fallas pudieron ser parte de "un sabotaje", ya que “nunca ocurrió esto en 22 años”.

Apenas dos días después de ocurrido el incidente, Tribuna de Periodistas publicó que se trataba de una avanzada del Gobierno por sobre esa empresa. Lo advirtieron fuentes oficiales a este sitio y lo confirmó un informante de la firma Movistar posteriormente: "Lo que existe es un plan de los Kirchner para avanzar sobre Telefónica a través de nuestra empresa".

Lo cierto es que, poco más de un mes después de ocurrida la extraña caída del sistema, Julio De Vido anunció en conferencia de prensa oficial una multa contra la empresa de celulares que asciende a 10 pesos por usuario —unos $185 millones— y a pagarle al Estado una penalidad de $6.075.000.

¿Se trata del preludio de la expropiación de Movistar y, eventualmente, Telefónica? Si se analizan los vocablos utilizados por el ministro de Planificación Federal, todo parecería indicar que sí. "Falta de inversiones", "sanciones", "desinversión", "fallas en el sistema", "baja calidad (del servicio)", etc; esos fueron algunos de los conceptos vertidos por De Vido. Exactamente los mismos que se pronunciaron justo antes de quitar a Repsol el 51% de sus acciones en YPF.

Jamás lo admitirá el oficialismo, pero fuentes de segunda línea del ministerio de Economía sí lo han hecho. No se trata de las únicas empresas en la mira del kirchnerismo, también se han enfocado en algunas firmas de servicios públicos, especialmente de electricidad.

Cuando ocurran estas nuevas expropiaciones, seguramente se hablará —otra vez— de "independencia económica", soberanía y otras perogrulladas similares. Nada más alejado de la realidad: nuevamente, el problema del Gobierno tiene que ver con la paupérrima “caja” del Estado y las dificultades de un servicio saturado y problemático.

Por otro lado, debe recordarse que no son nuevas las quejas que existen, tanto sobre Telefónica como Movistar. A ese respecto, ¿qué hizo durante los últimos años el kirchnerismo a ese respecto? Nada, absolutamente nada.

Si alguno quiere conocer interiorizarse acerca de las quejas existentes respecto a ambas empresas, solo debe usar el buscador de Tribuna de Periodistas. Allí, hay agrupados media docena de artículos de denuncia, tanto contra Movistar como contra Telefónica. Se insiste en la pregunta: ¿No conocía esas quejas el oficialismo?

Mientras estas líneas terminan de escribirse, persisten las dudas planteadas hace más de un mes por este mismo sitio.

1-Si el ánimo es sancionar a las empresas, ¿por qué no se procede de la misma manera con TBA por la tragedia de Once donde murieron 51 personas y hubo cientos de heridos?

2-¿Por qué no se toman medidas con Aerolíneas Argentinas, que es lejos la peor empresa que funciona en el país?

3-¿Por qué las autoridades de Movistar insisten en sospechar que la caída de su sistema se trató de un boicot?

4-¿Es casual que ello haya ocurrido justo el día donde los usuarios podían empezar a disponer de la “portabilidad numérica”?

Esas preguntas se suman a muchos otros interrogantes, los cuales, al menos por ahora, no parecen tener respuesta.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1