Lo que se preveía llegó con puntilloso rigor: prisión perpetua para los cuatro acusados por el triple crimen de General Rodríguez, aquel que conmocionó a la sociedad en agosto de 2008 cuando se descubrieron los inertes cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina acribillados a balazos.

Los sentenciados son dos pares de hermanos: Cristian y Martín Lanatta, y Marcelo y Víctor Schillaci, todos oriundos de la zona de Quilmes, no casualmente bastión del siempre inefable Aníbal Fernández.

Demasiados puntos sin esclarecer aparecieron a lo largo de la sustanciación del juicio oral, todos vinculados a relevantes personajes del Gobierno. Los jueces que ayer fallaron hablaron ciertamente de “algunos importantes contactos con el poder” por parte de los Lanatta y los Schillaci. Ello está claro, de lo contrario estos no se podrían haber movido con la impunidad que lo hicieron a la hora de cometer el múltiple asesinato.

A ese respecto debe agregarse que, a lo largo de estos meses, apareció en los estrados la inefable sombra de Ibar Esteban Pérez Corradi, autor ideológico del triple crimen según los investigadores judiciales, principalmente el fiscal Juan Ignacio Bidone.

No se trata de cualquier persona, sino de quien ha sido sindicado por la Embajada de Estados Unidos como nexo entre narcos mexicanos y laboratorios medicinales argentinos. A su vez, sus contactos con el poder han sido desnudados por Tribuna de Periodistas y diario Perfil con elogiable rigor.

Este último medio, por caso, fue el que reveló los vínculos entre Pérez Corradi y Ricardo Echegaray. Según ese matutino, el hoy titular de la AFIP le facilitaba al “narco” los datos necesarios para poder sacar narcóticos de la Argentina con total impunidad a través de la Aduana. No es ningún secreto en realidad: en carpetas que circulan dentro de la embajada norteamericana abundan los detalles de esas operaciones.

Para los funcionarios de Estados Unidos, no es coincidencia que el Gobierno argentino desoyera las insistentes alertas que emitió el Departamento de Estado en el año 2008 acerca del comercio de efedrina entre este país y México.

Esos llamados de atención fueron elevados a los mismos funcionarios que hoy aparecen rozados en el expediente del triple crimen: Fernández y Echegaray. ¿Casualidad? Para nada.

Se trata de una trama que supera a ese luctuoso hecho y que se vincula con la mafia de los medicamentos y los aportes de campaña del Frente para la Victoria del año 2007, donde se blanqueó dinero de dudosa procedencia. Las pruebas reposan en el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

En fin, las revelaciones del juicio por el asesinato de Forza, Ferrón y Bina abrieron una nueva ventana que deberá ser puntapié inicial de una nueva investigación: la pata política del triple crimen.

Será complicado, pero necesario. Ya lo dijeron los mismos jueces en su sentencia de ayer: “Hay tramos de ese hecho que aún permanecen en las sombras”.