“Soy un chivo expiatorio”, sostiene Fernanda Inza a sus íntimos. Se trata de la contadora que fue separada “preventivamente” de su cargo por María Eugenia Vidal en el marco del escándalo por los aportes “truchos” de Cambiemos en la campaña 2017.

La mujer sabe de qué habla: es imposible imaginar que una sola persona haya podido pergeñar una maniobra de semejante calibre. Más aún: que lo haya hecho y que nadie se haya percatado de ello.

Ciertamente, el uso de aportantes “fantasmas” no es potestad solo de Cambiemos, involucra incluso al massismo —y al kirchnerismo, que fue el que inauguró esa práctica—, pero lo relevante es que le ha estallado en la cara a un gobierno que se jactaba de su transparencia. Acaso su única virtud en medio de tanto desacierto político y económico.

¿Cómo explicar un escándalo de tamañas proporciones echando todas las culpas en la figura de una simple funcionaria —ahora exfuncionaria— de segunda línea?

Tal vez deba mencionarse que Inza es mucho más que ello: es la contadora de José Torello, a la sazón jefe de asesores de Mauricio Macri y apoderado del PRO. A este último le fue presentada por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, a la sazón, el Zannini de Macri

¿Por qué el gobierno intenta por todos los medios posibles que estos datos no se conozcan? ¿Qué es lo que se busca esconder? ¿Tal vez las identidades de los verdaderos responsables del desaguisado aquí contado?

Y en tren de dudas, acaso la más relevante: ¿Son ilícitos los fondos que financiaron al oficialismo? Es justo lo que sospecha el juez Sebastián Casanello: que el dinero detrás de las campañas del macrismo sería de origen ilegítimo y que las afiliaciones truchas se habrían utilizado para darle apariencia de legalidad.

“Al menos nosotros no fuimos financiados con plata del narcotráfico”, dijo a Tribuna de Periodistas uno de los asesores estrella de Macri cuando se lo consultó al respecto. No quiso decir nada más.

¿Alcanza con esa justificación? ¿El lavado es menos lavado si los fondos no provienen de los estupefacientes? El delito sigue siendo grave, sobre todo porque las sospechas se encaminan al desvío de fondos de organismos del Estado y de sindicatos ad hoc.

Incluso es embarazoso si los fondos provinieran de bingos o de aportes de empresas concesionarias del Estado —como se sospecha en estas horas—, ya que estas tienen prohibido realizar aportes, tal cual reza la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

A lo antedicho debe agregarse un dato, que estallará en las próximas horas: hubo una nota de septiembre de 2015 donde ya se advertía la posibilidad de que hubiera aportantes “truchos” en la campaña presidencial de Macri de ese año.

La misiva refleja la preocupación de empleados de una empresa de seguridad llamada Murata SA, luego de haber visto sus nombres en una nómina de presuntos aportantes a Cambiemos. La firma, dicho sea de paso, presta sus servicios para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Quien gobierna ese terruño es Horacio Rodríguez Larreta, de estrechos vínculos con el apoderado Torello a través de un hombre de bajo perfil llamado Clodomiro Risau. Torello, exagente de la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos del menemismo —y compañero de colegio de Macri— es uno de los mayores complicados en la trama de aportantes “truchos”.

Los vínculos son claros y elocuentes, y parecen escapar de las leyes del azar. Por lo visto, habrá muchas más revelaciones que se irán conociendo al paso de los días.

Solo resta preguntarse: ¿Qué explicación se dará cuando todo quede finalmente expuesto? ¿También se culpará a la contadora Inza, quien en 2015 aún no era funcionaria pública?

Por ahora, son preguntas que no tienen respuesta.