Hace unos meses, compré un módem Movistar para poder tener Internet en lugares públicos a través de mi netbook. La adquisición la hice en un local habilitado, con un contrato por $69 mensuales donde me prometieron una importante utilidad de conexión —supuestamente duraría unos 15 días— y enorme velocidad.

Luego del cuarto día de utilizar el artefacto —lo usé muy poco, ya que en mi casa tengo wi fi, bastante más veloz—, el modem se quedó sin “crédito” y no lo pude volver a usar, motivo por el cual, luego de pagar la factura pertinente, decidí darlo de baja.

Fue el comienzo de una suerte de vía crucis, ya que Movistar me informó que debía usar el servicio al menos tres meses antes de poder deshabilitar el servicio. Una verdadera estafa.

Opté entonces por no darle ningún uso al módem pero pagar las tres facturas para poder luego darlo de baja. Pagué la segunda factura y, cuando promediaba el tercer mes, esperé pacientemente que me llegara la última cuota para abonarla y quitarme de encima el inútil aparato.

El problema es que jamás llegó esa factura y eso dio pie a interminables llamados de mi parte a Movistar para poder terminar con la pesadilla de una buena vez. Ante la falta de respuestas específicas, decidí hacer un pago “voluntario” y olvidarme del tema por completo. En las siguientes semanas, llamé a la empresa para cerciorarme de que ya no tenía deuda alguna y podría quedarme tranquilo, lo cual ocurrió en dos oportunidades. Siempre, se me dijo que no quedaba ningún concepto por abonar.

Sin embargo, dos meses más tarde apareció en mi domicilio una misiva de un estudio jurídico llamado Ana Maya SA —ampliamente denunciado en Tribuna de Periodistas por sus reiteradas estafas a clientes de diversos servicios—, donde se me reclamaba ese mismo pago y con intereses.

La carta, plagada de errores de ortografía, me intimaba a abonar la suma de $75.73 por la bendita deuda con Movistar. Por si no fuera suficientemente escandaloso, el estudio aseguraba en su misiva que habían intentado comunicarse conmigo en reiteradas oportunidades, lo cual es fácilmente desmentible con sólo analizar los llamados entrantes a mis teléfonos. Es dable mencionar que poseo desde hace más de una década los mismos números.

Frente a semejante atropello, decidí averiguar qué había detrás de ese estudio, el cual ya había incurrido en una suerte de estafa con el webmaster de este mismo sitio, Diego Gentilezza y que ya había abusado de varias docenas de lectores de este periódico intentando cobrarles el uso de inexistentes deudas.

Luego de una rápida indagación, supe que la dueña del estudio jurídico cuestionado, Ana Maya, era hermana de Héctor ídem, un cuestionado hombre de la política que supo acompañar a diversos referentes partidarios.

La mujer es abogada (1) y creó el estudio de marras en 1993 (CUIT 30-70759046-3), siempre dedicado al cobro de deudas de diversa índole, jamás para aportar algo a la necesitada justicia argentina.

Según refiere en su propio sitio de Internet —se transcribe tal cual, con faltas de ortografía y todo—, el estudio “fué constituído por la suscripta en el año 1983 (2), aunando la experiencia recogida en el desempeño de las funciones como coordinadora de las gestiones de cobranzas judiciales de la Empresa PLAN ROMBO S.A., comercializadora de los contratos de ahorro previo de la marca Renault”.

Como se dijo anteriormente, las denuncias contra Maya se acumulan por docenas. Casi siempre es por el intento de cobrar deudas inexistentes por parte de su oficina. Un curro bastante redituable si se tiene en cuenta que gran parte de la población vive temerosa de tener problemas legales, por mínimos que sean, y se abocará a pagar el dinero que sea preciso con tal de no tener inconvenientes a futuro ni aparecer en bases de datos como Veraz.

No es complicado ubicar los señalamientos hechos contra ese estudio jurídico: basta poner en cualquier buscador “Ana Maya” para que aparezcan páginas y más páginas denunciando las atrocidades de esta gente.

Sin embargo, nada ocurrirá con esas denuncias, ya que, como se dijo, el hermano de la cuestionada abogada ostenta gran poder en el ámbito político y se encargará de mantener bajo resguardo las trapisondas de su familiar.

En fin, es lamentable que empresas de renombre confíen en este cuestionado estudio a la hora de cobrar sus deudas. Más temprano que tarde, las referidas denuncias terminarán siendo un búmeran que repercutirá en el prestigio de sus propias marcas.

Cuando ello ocurra, Maya ya no podrá responder… seguramente estará tras las rejas.

Christian Sanz
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1) Ana Estela Maya, nacida el 8 de agosto de 1956, DNI 12.045.164. Asociada con Juan Bautista Coggiola Posse, cuyo número de documento aparece en los padrones como “inexistente”.

(2) Sería interesante que la AFIP investigara esos dichos, ya que recién en 2001 Maya comenzó a tributar impuestos.