Hace instantes, Sergio Burstein, víctima de “escuchas ilegales” —que compromete en estas horas a Mauricio Macri— y titular de la Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, afirmó en sede judicial que “un funcionario” del Ministerio de Justicia nacional lo ayudó a tramitar la denuncia por la intervención de su teléfono.

"A quien yo llamé fue a quien se encarga del atentado a la AMIA en el Ministerio de Justicia, es el querellante del Gobierno, el doctor (Juan Martín) Mena", recordó Burstein sobre el momento en que le avisaron que era "espiado".

"Le dije: ´tengo miedo, mi familia está sola´. Este señor me dijo: ´despreocupate que me encargo´. Inclusive él llamó para que le abra la puerta mi mujer cuando llegó el patrullero", agregó en su declaración ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura porteña.

Las palabras de Burstein generan inevitables interrogantes que ya mismo deberían ser respondidos por él mismo: ¿por qué nunca antes había hablado de la participación del Ministerio de Justicia en la trama de las escuchas ilegales? ¿Se tratará de algún intento por justificar sus constantes visitas a esa dependencia, comandada oportunamente por el inefable Aníbal Fernández, no casualmente ex —y actual— jefe del referido abogado Mena?

El 15 de mayo de este mismo año, Tribuna de Periodistas desnudó  la participación del hoy jefe de Gabinete detrás de la trama: “Más allá de la responsabilidad que les cabe a los hombres más cercanos al jefe de Gobierno —y eventualmente a este último—, el expediente fue armado y fogoneado por el propio kirchnerismo. ‘Todo se armó entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y un gran amigo suyo… ¡Sergio Burstein!’, admitió a este medio una histórica fuente oficial”.

Dos meses más tarde, el 20 de julio, este cronista insistió con la versión: “Si se investigara el profuso cruce telefónico existente entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Sergio Burstein —familiar de una víctima del atentado a la AMIA—, ocurrido semanas antes de que apareciera la primera denuncia contra Ciro James, parte de la mentira oficial caería por completo”.

Hay que recordar que en esos días, Burstein insistía en negar contacto alguno con funcionarios del Gobierno nacional. Por caso, su relato ”oficial” siempre se basó en que un "amigo" llamó a su casa el 21 de septiembre de 2009 para avisarle que el comisario "Fino" Palacios había intervenido su celular, cuando él se encontraba de viaje en Nueva York.

Como sea, a la “revelación” de Burstein se suma el testimonio que dieron ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura porteña, tres víctimas de las “escuchas ilegales”. Todos coincidieron en desvincular al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como supuesto responsable de la intervención de sus teléfonos.

Se trata del gerente comercial de Coto, Rodrigo Velazco; Susana Saint Porres, ex esposa del empresario Valentín Hugo Breitman; y Francisco Castex, abogado penalista, querellante en la causa y víctima de las escuchas. Antes, había declarado el empresario Carlos Ávila, quien también deslindó la eventual responsabilidad de Macri en el escándalo.

Concluyendo

Extensa e insistentemente se han señalado desde este sitio las groseras contradicciones del expediente que hoy reposa en el despacho de juez Norberto Oyarbide. De la misma manera, se dieron los detalles de cómo se fabuló toda la trama, dentro de las oficinas más relevantes de Balcarce 50.

Poco a poco, esa verdad se impone a la mentira oficial.

Por ello, cuando la falacia termine de caer, tal vez sea el momento oportuno de empezar a investigar el verdadero aparato de espionaje ilegal. Ese que compromete a los funcionarios más reputados del kirchnerismo.