¿Fue casual que la Sala II de la Cámara Federal confirmara el procesamiento de importantes referentes de Camioneros el mismo día que Cristina Kirchner anunciaba la nueva ley de trazabilidad de medicamentos? ¿Puede ser coincidencia que se hable de más control a los fármacos al tiempo que la justicia embiste contra testaferros y adláteres de Hugo Moyano? Podría ser, pero sería una coincidencia brutal.

Aunque el nombre del líder de la CGT no haya sido mencionado, el expediente que refrendó la actuación del juez Claudio Bonadío lo tiene como principal protagonista y, más temprano que tarde, rozará a su propia persona.

Si bien la causa judicial que hoy jaquea a la obra social de Camioneros cuenta con pruebas suficientes para demostrar que se adulteraron troqueles —a efectos de cobrar millonarios reintegros al Estado—, Moyano intenta mostrarse despreocupado. Sin embargo, hay un tópico que lo incomoda por demás: cada uno de esos pedidos lleva su propia firma, aparte de la del auditor médico de la entidad, el hoy procesado Daniel Lombardero. Otro dato: quienes conocen a este último, aseguran que ninguna de sus acciones se materializa sin antes consultar al titular de ese gremio.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que algunos de los procesados señale a Moyano como verdadero gestor de los negocios que investiga hoy la Justicia?

Se trata de un expediente en el que deberían declarar incluso los funcionarios más encumbrados del kirchnerismo, ya que muchos de los escándalos que hoy sorprenden a la sociedad, se dieron bajo la venia y silencio del Gobierno central.

Graciela Ocaña lo confesó hace más de dos años, cuando advirtió que recurrentemente intentó embestir contra los que negociaron en nombre de la salud pública y no encontró respaldo oficial alguno.

En realidad, la ex ministra de Salud no fue la primera persona que mencionó el desinterés oficial: en mayo de 2008, Sebastián Forza —quien sería asesinado a balazos pocos meses más tarde— admitió que detrás de los negocios con remedios “truchos” había importantes funcionarios oficiales, dos de ellos con el mismo apellido: Fernández.

“Me van a matar por todo esto que te cuento”, dijo Forza a este cronista en esos días. Y su vaticinio se cumplió antes de lo esperado.

También se mostraron reales sus denuncias contra sindicalistas poderosos y laboratorios medicinales de relevancia. Es casi lo mismo que hoy puede leerse en importantes medios de comunicación.

En tal sentido, cabe preguntarse: ¿Habría estallado el escándalo de los medicamentos adulterados si no hubiera ocurrido el triple crimen de General Rodríguez? La respuesta es tan simple como lamentable: no.

Si los jóvenes Forza, Ferrón y Bina no hubieran sido asesinados, el sistema de corrupción sanitario que hoy se ha desnudado con estupor, hubiera seguido funcionando como hasta entonces, con voces que seguirían gritando en soledad y expedientes que persistirían en no ver la luz.

Es que los mismos sindicalistas y empresarios que hoy son perseguidos por la Justicia argentina, fueron generosos aportantes a las campañas del kirchnerismo en 2003, 2005 y 2007.

Por todo ello, cuando el Gobierno aparece públicamente anunciando más controles para la venta de remedios, lo que en realidad hace es intentar limpiar su propia conciencia, no solo por no haber escuchado a aquellos que venían denunciando lo mismo que hoy investiga la Justicia, sino por haber permitido que esos oscuros dineros financiaran la política oficial.

Es cierto que es incómodo conocer esta realidad, donde el ciudadano se encuentra totalmente desamparado por parte del Estado y es rehén de la corrupción oficial. Pero también es real que para poder decidir y elegir con racionalidad hay que estar al tanto de este tipo de cuestiones.

Puede sonar demagógico y tal vez lo sea, pero la mayoría de las personas que votarán al kirchnerismo este año desconocen la trama aquí contada. Muchos de ellos, son los mismos que después de votar a Carlos Menem, juraban nunca haberlo hecho.

Todo un síntoma de la idiosincracia más pura de la sociedad argentina.