El debate fue planteado de manera equivocada desde un comienzo: no se trata de discutir si YPF debe ser nacionalizada o no, sino de la manera en que esto se lleva adelante. ¿Por qué el gobierno decidió hacer las cosas mal si podía actuar correctamente y de acuerdo a lo que dice la ley?

El apuro gubernamental por expropiar a Repsol, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional —ver oportuno análisis de Tribuna de Periodistas— fue el pasaje a una millonaria demanda judicial que será fácilmente ganada por la firma española. Los costos, mal que le pese a la sociedad, no serán pagados por los funcionarios de turno, sino por los ciudadanos argentinos.

No se trata del único problema a futuro: ¿Cómo explicar a eventuales inversores extranjeros que la Argentina es un lugar seguro para invertir? ¿Cómo hacer que no se escapen a otros destinos como Chile, Uruguay, Brasil y hasta Colombia?

Lamentablemente, no se trata de futurismo sino de la más cruda actualidad. Por caso, la poderosa empresa española de tecnología energética N2S emitió esta semana un duro comunicado anunciando la cancelación de sus planes de entrar a la Argentina, inmediatamente después de que trascendió la expropiación a YPF. "Incertidumbre jurídica", fue el argumento esgrimido.

Quien aprovechó la ocasión para llevar agua a su molino fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien abrió las puertas de su país a las empresas españolas y hasta le garantizó al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que cumpliría todas "las reglas del juego". "Aquí no expropiamos", vociferó el mandatario foráneo para despejar toda duda.

En la Argentina, mientras tanto, el Gobierno debió jurar públicamente que no se estudiaba forzar la propiedad de ninguna otra empresa. "Por ahora no hay ninguna decisión de este tipo", aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al ser consultado sobre el tema. Todo un síntoma de la preocupación que impera en estas horas en Casa de Gobierno.

El dilema de las provincias

En estas horas, el caso YPF no solo preocupa a la ibérica Repsol, sino también a los gobernadores que integran la revaluada Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). ¿Qué ocurrirá a partir de hoy con las regalías que estos cobraban puntualmente por parte de la empresa ahora expropiada? ¿Seguirán percibiendo esos fondos? ¿De qué manera?

Debe recordarse que existen provincias como Mendoza, que ostentan fuerte déficit en sus cuentas y que precisan de esa relevante caja. Si bien el Gobierno ha prometido a los mandatarios que integran la Ofephi que serían parte integrante de la nueva YPF, lo único que recibirán son acciones caucionadas a 50 años. En buen romance, les darán "espejitos de colores".

Al ejecutivo nacional poco le interesa la opinión de los gobernadores, a quienes insiste en ahogar a través de la coparticipación de impuestos. Hoy todas las fuerzas del oficialismo se enfocan en las reservadas negociaciones que vienen llevando adelante con dos petroleras internacionales a efectos de impulsar la exploración de la descomunal reserva de gas shale "Vaca Muerta" en Neuquén. Es un anuncio que fue anticipado por Tribuna y que será dado a conocer la semana entrante, seguramente a través de la voz del ascendente Axel Kicillof.

De más está mencionar que la mera divulgación de esa exploración será una fuerte carta de victoria para Cristina Kirchner, no solo por el respaldo que le dará la ciudadanía en plena sequía de combustible, sino también por el interés que generará en compañías petroleras foráneas.

Será, de todos modos, un naipe de distracción popular, ya que el interés real de la mandataria en torno a la expropiación de YPF, es lograr hacerse de una millonaria caja para enfrentar con eficacia un año que se presenta fuertemente deficitario. Nada de patriotismo.

La que supo definirlo con palabras sencillas ha sido la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en el marco de una entrevista que le hizo este mismo medio: “Cristina toma YPF por problemas fiscales y no como estrategia productiva para el país”.

Debe recordarse que, tanto la Presidenta como su fallecido marido, han sido, no solo grandes propulsores de la privatización de YPF en los denostados años 90, sino también los que han pergeñado el ingreso de la familia Eskenazi a la misma empresa sin poner un solo peso.

Más aún: durante los últimos años, el oficialismo supo exactamente cómo Repsol vaciaba YPF, ya que el kirchnerista Roberto Baratta era representante del Estado en esa compañía. ¿Debió esperar hasta ahora para denunciarlo públicamente? ¿O el faltante de combustible —y dinero para adquirirlo afuera— obligó al kirchnerismo a tener que traicionar a sus ex socios?

Como sea, la expropiación ha servido también para desviar la atención de otro tema, el que involucra a Amado Boudou en el posible delito —entre otros— de negociaciones incompatibles con la función pública.

La situación es de una paradoja tal, que el propio Vicepresidente se animó a hablar del tema YPF, vinculándolo de alguna manera a su propia situación personal. "No tenemos miedo, no vamos a dejar que nos callen", aseguró Boudou en plena Feria del Libro.

Surrealismo aparte.

Concluyendo

El pasado martes 17, la patronal europea (BusinessEurope) y las cámaras de comercio de la Unión Europea (EuroChambres) enviaron una carta conjunta a Cristina Kirchner en la que le hicieron saber que la expropiación de YPF constituye una "decisión desafortunada" que "representa una señal muy negativa para los inversores, tanto a nivel nacional como internacional".

Según publicó oportunamente diario La Nación, las dos entidades han resaltado en su texto la importancia de la "seguridad jurídica" y recuerdan que la protección y las garantías de las inversiones constituyen "el principal pilar" de las transacciones empresariales a nivel mundial.

"Una ruptura de estos principios básicos puede conducir a consecuencias internacionales negativas y devastadoras", añade la misiva, firmada por los presidentes de BusinessEurope, Jürgen Thumann; y de EuroChambres, Alessandro Barberis.

La gravedad de esas palabras jamás tocaron el corazón de la Presidenta, quien prefirió redoblar la apuesta e ironizar con la decisión española de no comprar más combustible argentino: "Si quieren pagar más caro el biocombustible, no lo vamos a cuestionar; es una decisión soberana". Un funcionario de la cercanía de Cristina fue más directo aún: "No hay ninguna preocupación en el Gobierno por futuras represalias".

Lo que para la mandataria y sus ministros parece ser un chiste, es en realidad la pérdida de un negocio que representa para la Argentina casi 1.000 millones de dólares anuales. A eso debe sumarse el pedido del Parlamento Europeo de suspender las preferencias arancelarias para productos argentinos, que representan otros 3.100 millones. ¿Adónde está la humorada?

En fin, esta suma de desaciertos ha llevado a la Argentina a estar cada vez más aislada del mundo. Revertir esa situación no será nada sencillo, se precisará de un trabajo conjunto a largo plazo y de la lenta generación de confianza ante el mundo.

Esta vez, mal que le pese a Cristina, no alcanzará con las palabras de ocasión del camporista Axel Kicillof.

 Christian Sanz
Twitter: @cesanz1