El próximo lunes 13 de agosto se prevé que la Justicia de a conocer su veredicto en el marco de la causa judicial iniciada en el año 2006, relacionada con el accionar de un grupo de supuestos hackers que sabían hurgar en los correos electrónicos de importantes referentes políticos y relevantes personalidades del espectáculo.

Esa información, según denuncia el expediente de marras, era luego comercializada y reproducida en medios de comunicación, principalmente digitales. La trama completa fue contada por Tribuna de Periodistas a lo largo de los últimos años, siempre quitándole las exageraciones que le han impreso los interesados medios oficialistas, con Página/12 a la cabeza.

Para resumirlo: existe un expediente judicial que se instruye en San Isidro y que fue iniciado por la Secretaría de Inteligencia —ex SIDE— (1). Allí, aparecen acusadas e imputadas las siguientes personas: el ex jefe de la SIDE menemista Juan Bautista “Tata” Yofre; el titular del portal Seprin, Héctor Alderete; el columnista de diario Perfil, Roberto García; el titular del portal Urgente24, Edgar Mainhard; el columnista de diario La Nación, Carlos Pagni; el empresario de medios, Néstor Ick; el general retirado Daniel Reimundes y los ex agentes de Inteligencia del Ejército —que trabajaron también para la SIDE y la Policía de Seguridad Aeroportuaria— Iván Velázquez y Pablo Carpintero.

A todos ellos se los ha señalado en el expediente como autores materiales e intelectuales —con diferentes grados de responsabilidad— del hackeo y comercialización de mails de terceros. Las figuras afectadas son de lo más diversas: desde el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hasta la célebre Susana Giménez. Todos parecen haber sufrido los embates de los "hurgadores" de correos.

Sin embargo, la evidencia que aparece en la causa judicial es bastante pobre y salpica a tangencialmente solo a solo tres de los acusados: Yofre, Velázquez y Carpintero. Los demás, no parecen tener vínculo real con la trama que se pretende mostrar públicamente, lo cual permite especular que, lo que realmente se ha buscado, es presionar a los periodistas críticos al kirchnerismo (2).

 
Declaración de este cronista en el expediente de los hackers

Hay dos detalles que no parecen ser menores a la hora de justificar esta especulación: por un lado, sorprende que una investigación tan sencilla haya demorado seis años para resolverse; por el otro, no parece casual que quienes iniciaron el expediente referido sean jerarcas de la ex SIDE. ¿Por qué motivo un grupo de espías se interesaría por impulsar la indagación de un hecho que afectó a personas ajenas al ámbito de la Inteligencia?

También es sintomático el hecho de que la instrucción de la misma causa haya caído en manos de Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro que responde a los intereses de la Secretaría de Inteligencia.

Como se dijo, las pruebas que se acumulan en el voluminoso expediente son paupérrimas y no alcanzan siquiera para encarcelar a los imputados más comprometidos. No es que el ilícito no haya existido, pero ciertamente no reviste la gravedad que trata de imprimirle la Justicia. Se trata de un delito excarcelable, “violación de secretos políticos o militares”, el cual según pudo saber TDP, será "reforzado" por la jueza Arroyo Salgado con una oportuna asociación ilícita —delito no excarcelable— para caer con todo el rigor de la ley sobre algunos de los señalados. Otros, según las mismas fuentes, serían bendecidos por oportunas "faltas de mérito".

TDP intentó hablar con todos y cada uno de los implicados pero la mayoría desistió de hablar al respecto, excusándose ante quien escribe estas líneas. Solo se manifestaron públicamente Pagni, quien advirtió no tener nada que decir sobre la cuestión, y Alderete, quien se mostró bastante molesto: "Los voy a hacer m... a todos si me procesan. Con información gruesa y no va a estar en los medios, sino más bien en los juzgados".

Dicho sea de paso, debe mencionarse que en los últimos días todos los imputados tuvieron la posibilidad de hacer sus respectivos descargos, ya que fueron llamados por Arroyo Salgado para declarar. No obstante ello, la mayoría decidió manifestarse por escrito, salvo los casos de Alderete y Velázquez, quienes optaron por el silencio más elocuente.

Ese mutismo probablemente se explique por el inevitable nerviosismo que circunda en estas horas en el espíritu de los imputados. Como se dijo, se trata de una causa con motivaciones políticas y sus resultados pueden ser impredecibles. Baste recordar lo publicado por este mismo cronista en abril pasado: "En medio de un año que se avecina complicado, el kirchnerismo precisa acallar el relato de los periodistas críticos". ¿Qué mejor que una condena ejemplar en el marco de un expediente que solo ostenta conjeturas por doquier?

Pase lo que pase finalmente, es grave que durante seis largos años la Justicia haya sostenido en pie un expediente que solo sirvió para mantener a raya a puntuales periodistas críticos al gobierno. No se trata de cualquier litigio, sino de una causa judicial que todo el tiempo estuvo monitoreada por funcionarios del kirchnerismo. Cabe preguntarse entonces: ¿Habrá sido este juicio el globo de ensayo de lo que traerá aparejado el futuro para los hombres de prensa?

La respuesta a esa pregunta la dará la jueza Arroyo Salgado el próximo lunes, a través de su incipiente fallo. Lo que allí se especifique, será clave para entender qué le deparará a la prensa no oficialista en el mediano plazo.

(1) Esto permite entender la insistencia con la que los detalles de esa causa aparecen en ciertos portales vinculados a la inteligencia vernácula.

(2) Oportunamente, se intentó involucrar a periodistas de este medio en la misma causa, pero no se pudo.