Esta semana, la justicia procesó a un grupo de supuestos "hackers" que integraban una banda dedicada a interceptar correos electrónicos de personas destacadas de la política, los negocios y el mundo del espectáculo.

Según el fallo de marras, esos mails eran vendidos al mejor postor, en una suerte de joint venture del delito.

Vastamente se ha escrito en Tribuna de Periodistas respecto de ese expediente, sospechosamente iniciado por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y llevado adelante por una jueza que, sin jurisdicción sobre el mismo, se hizo cargo "de facto".

Se trata de Sandra Arroyo Salgado, nombrada en su cargo gracias a los oficios del agente de contrainteligencia Jaime Stiusso y la ayuda de su ex esposo, el incompetente fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nissman. No es casual que sea la magistrada que forzó una serie de procesamientos a pedido de relevantes funcionarios del espionaje vernáculo.

Más allá de la eventual existencia del delito por el cual se dio el fallo conocido esta semana —que incluyó a varios periodistas— ¿por qué Arroyo Salgado no avanzó respecto a las responsabilidades políticas de lo ocurrido? ¿Por qué quedó a mitad de camino? ¿Por orden de quién?

Debe recordarse que dos de los procesados, Iván Velázquez y Pablo Carpintero, han sido funcionarios, tanto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria como de la SI y se encontraban en funciones al momento de iniciarse el expediente referido. ¿A quién respondían a nivel político en esos días? ¿Por qué la jueza no dice nada acerca de esto?

El nombre que nadie quiere mencionar es el de Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de la Nación; los medios de prensa le temen y la Justicia lo encubre. Sus datos son los que aparecen por doquier en la causa judicial, por más que Arroyo Salgado omita decirlo en el auto de procesamiento que rubricó esta semana.

"Se infiere que Montero (Osvaldo, general de brigada) utiliza los servicios de Iván Velázquez con el objeto de operar a favor de que el actual ministro del Interior Aníbal Fernández ocupe la cartera de Defensa en el próximo período presidencial", asegura por caso uno de los documentos que aparecen en la causa judicial.

En el mismo expediente, constan las gestiones de Velázquez ante los secretarios privados del propio Fernández a efectos de agilizar la obtención de su pasaporte y el de su socio, Carpintero.

Más aún: según publicó revista Noticias, el ex titular de la SI, Juan Bautista "Tata" Yofre —otro de los procesados— involucró al ex jefe de Gabinete en un mail dirigido al empresario Néstor Ick, presunto cliente de la red. "Aníbal Fernández dijo que va a ser el próximo ministro de Defensa del próximo gobierno de Cristina. Con esa finalidad le pidió a un buen amigo mío (Velázquez) colaboración, contactos y asesoramiento. Aníbal ya sabe que me llamaron a mí y que en lo posible lo voy a ayudar", según el correo electrónico que consta en el expediente.

Finalmente, la confirmación de la participación del ex jefe de Gabinete en la trama, la aportó el propio Velázquez en una de las tres entrevistas que este portal le realizó en el marco de la investigación que se lleva adelante desde el año 2006.

Primero lo negó, pero luego el ex PSA lo confirmó a regañadientes. "Fue un lapso muy corto, una relación breve con Aníbal", aseguró el hoy exiliado en Uruguay.

Sin embargo, este portal pudo comprobar que eso no es real. El hoy Senador sigue manteniendo a Velázquez y hasta le habría provisto de documentación apócrifa para ingresar a la Argentina. Si se indagara respecto a quién pagó en su momento los onerosos gastos del ex espía en el hotel Conrad del vecino país, se descorrería parte del misterioso velo.

Los hilos de la trama que se intenta ocultar llevan a otra misteriosa figura: Verónica Fernández Zagari, ex directora nacional de Inteligencia Criminal y responsable —junto a su marido— de que Velázquez recalara en su momento en la PSA.

La hoy funcionaria de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires —al mando de María del Carmen Falbo— es el eslabón perdido que jamás investigará la Justicia; es la persona que receptaba los mails que su ex protegido conseguía de manera presuntamente ilegal. Luego se los entregaba al hoy senador Fernández.

Quienes frecuentan a Zagari aseguran que en estos días se encuentra particularmente preocupada por el avance del expediente de Arroyo Salgado. No tanto por lo que pudiera hacer la jueza, sino más bien por lo que pudieran revelar algunos de los acusados. ¿Qué ocurriría si de repente funcionarios reputados aparecieran en medio de un expediente tan oscuro? ¿Cómo explicaría el Gobierno semejante escándalo?

Si ello sucediera, el oficialismo debería explicar los pormenores del fantasmal Proyecto Vampiro, un plan pergeñado por altos referentes del kirchnerismo para espiar a políticos, jueces, empresarios y periodistas.

Tribuna de Periodistas reveló la explosiva trama en septiembre de 2009, explicando que se trata de un culebrón que "involucra a funcionarios de todos los colores y jerarquías" y que "tiene un comienzo tan antiguo como la caída de las Torres Gemelas, en el marco del gobierno del entonces presidente de la Nación, Fernando De La Rúa".

Basta releer esa investigación para descubrir algunos de los puntos oscuros que se esconden detrás del expediente que investiga Arroyo Salgado. Allí aparecen claramente los incómodos vericuetos de una oculta interna entre espías de la SI y el hoy Senador Fernández. Ambos bandos —ninguno rescatable— supieron disputarse el control de negocios ilícitos de diversa índole, no estando exento en control del narcotráfico a través del Aeropuerto de Ezeiza.

En ese culebrón quedaron entrampados un grupo de periodistas que nada tienen que ver con el fondo de la cuestión (1). Hoy ellos están procesados mientras que importantes funcionarios del Gobierno —incluido Aníbal Fernández y relevantes jerarcas de la Secretaría de Inteligencia— descansan por las noches con la tranquilidad de saberse inocentes a los ojos de la jueza Arroyo Salgado.

Esa impunidad, mal que le pese a todos ellos, está próxima a culminar. Deberían saber que, aunque no siempre, muchas veces la verdad se impone a la mentira.

Christian Sanz
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(1) Una paradoja se da en la trama, ya que dos de los acusados, Carlos Pagni y Roberto García, fueron víctimas de la red de hackers, de acuerdo a lo que se desprende del expediente.