Era de cajón… se veía venir. Básicamente por los gestos —pequeños algunos, pero gestos al fin— por parte del kirchnerismo.

Furibundos “escraches” a periodistas críticos, listado de “mierdas y trolls macristas” —donde obviamente aparece este cronista— y señalamientos a medios de prensa que no siguen a pie juntillas el discurso de Alberto y Cristina, son solo algunos de los síntomas que se dejaban ver en un principio.

Ahora, en las últimas horas, llegó el turno de las denuncias judiciales, so pretexto de la cuarentena por el coronavirus. Las víctimas fueron dos reconocidos economistas: Javier Milei y Miguel Boggiano.

A uno y otro los acusaron de presunta "instigación a cometer delitos" luego de haber convocado a través de las redes sociales a la "Marcha de los barbijos 7M", como un repudio a la posible extensión de la cuarentena más allá del 10 mayo.

Quien hizo la presentación fue la presidenta de la Asociación de Víctimas de Trolls, Guendalina Palazzini, la misma que ya había intentado detener aquella manifestación en la Justicia. Casualmente, la denuncia la efectuó ante el fiscal Gustavo Ponce Asahad, de clara estirpe kirchnerista.

Como ya expliqué la semana pasada, Palazzini carga con varias denuncias en su contra y ostenta un tendal de cheques rechazados por falta de fondos. A su vez, es una férrea defensora del kirchnerato y del régimen de Nicolás Maduro.

Debemos seguir las indicaciones de nuestro Presidente, nuestro guía que ha hecho lo mejor por todos, todas y todes desde un primer momento. Las medidas que se toman en Argentina son un ejemplo para al Mundo #YoMeQuedoEnCasa #CuarentenaPorLaVida https://t.co/CLqtlnPhxq

— Guendalina Palazzini (@GuendalinaOK) May 6, 2020

La duda a esta altura es clara: ¿Actúa motu proprio la mujer o por encargo de los K? Por lo pronto, la ausencia de críticas a su accionar por parte del kirchnerato permite especular con esto último.

“La denuncia habla de un intento por acallar al que piensa distinto, escudado en la mentira de que se está haciendo un llamamiento a desobedecer la ley. Quien convoca a un cacerolazo para manifestar su descontento, es denunciado. Quien dice que no tiene sentido seguir extendiendo indefinidamente la cuarentena, es denunciado”, me dijo hace un rato el propio Boggiano, con la pertinente indignación.

Y no se equivoca: el propio fiscal Ponce Asahad investiga en estas horas varias cuentas de Twitter a las que identificó como “representantes de sectores opositores al Gobierno”. Aparecen allí los nombres de puntuales periodistas y referentes anti K.

Entonces, se abren camino otros interrogantes: ¿Qué ocurrirá con esos tuiteros? ¿Qué delito les imputará el funcionario judicial? ¿Cómo explicará que está avanzando sobre la libertad de expresión, derecho consagrado en la Constitución Nacional?

El propio fiscal dijo a un programa de radio que se "utilizan las redes sociales para exponer a la ciudadanía” y que ello es “lisa y llanamente un acto criminal". ¿No será mucho?

Ciertamente, lo que ocurre en estas horas es de una gravedad en la que pocos han reparado. Es una suerte de advertencia contra aquellos que se muestren en contra de las políticas del kirchnerismo. Siempre bajo el pretexto del coronavirus.

Ya lo dije el 7 de mayo pasado: es una mala remake de lo que ya ocurrió durante los primeros años del gobierno de Néstor y Cristina.

Eran los días en los que Alberto Fernández era jefe de Gabinete y llamaba a los periodistas críticos —yo era uno de ellos— y los amenazaba: “Yo te puedo hacer mierda”, decía con elocuencia en su voz. Lo que siguió a ello es harto conocido. Y que no vuelva a ocurrir, depende de la ciudadanía.

Tal vez sea conveniente recordar lo que dijo alguna vez George Orwell: “Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”.