La historia comenzó el 7 de julio pasado cuando Tribuna de Periodistas denunció penalmente a funcionarios de la Aduana por haber hecho "desaparecer" más de dos millones de pesos que iban destinados al pago de honorarios de abogados de esa dependencia. Luego, continuó con otra diapositiva que pudo verse el pasado 13 de septiembre, cuando Carlos Menem, Emir Yoma y otros 16 funcionarios fueron absueltos de manera sospechosa en el marco del expediente de contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

La tercera imagen ocurrió dos días más tarde, cuando el abogado Carlos Lobo Oroño fue "invitado" a dejar su cargo como abogado en la Aduana por hablar de un “pacto” entre el kirrchnerismo y el menemismo en ese mismo contexto. Por lo visto, era imposible tolerar tanta sinceridad junta.

Si fuera una película, habría que mencionar que su comienzo ha sido en realidad en abril de 2010, cuando el ex presidente riojano empezó a mostrar cierta funcionalidad al oficialismo, a través de puntuales quórums o ausencias en el Senado Nacional. A cambio, se le garantizó impunidad judicial frente a las causas que lo aquejan, tal cual reveló este sitio en esos días.

Uno de los gestores del acuerdo fue el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, uno de los pocos funcionarios del kirchnerismo que hasta se animó a elogiar a Menem públicamente.

En fin, en estas horas, los alcances de ese acuerdo están a punto de deparar una nueva sorpresa a través de la interposición de un recurso de Casación "light" contra la sentencia del 13 de septiembre que decretó la absolución de Menem.

Si bien Tribuna aseguró oportunamente que no habría apelación —sobre la base del testimonio de fuentes de esa dependencia—, en las últimas horas se decidió lo contrario. Hay que recordar que el Recurso de Casación vence el 21 de noviembre próximo.

Quien trabaja en estas horas en el armado de ese escrito “liviano” es la jefa del departamento Judicial de Aduana, Liliana Alasia, junto a Pedro Roveda, Ricardo Echegaray y el asesor jurídico externo de éste último, el abogado Eloy Roldán —quien ha amenazado con querellar a quien escribe estas líneas—. Lo harán de la mano del nuevo fiscal de la causa Armas, Marcelo Gustavo Agüero Vera.

Hay dos datos que deben mencionarse a esta altura: primero, la abogada Alasia es la misma que aparece salpicada en la denuncia judicial por la desaparición de los honorarios de los abogados de la Aduana; segundo, Agüero Vera es su marido.

Con esos ingredientes a la vista, ya mismo puede anticiparse que todo se tratará de una mera mise en scène. También puede adelantarse que Casación ratificará el fallo absolutorio para Menem y su séquito.

Como sea, Alasia enfrenta en estos días una preocupación más relevante: tiene que ver con las consecuencias que podrían derivar de la Disposición Nº 275/2011 —publicada en el Boletín Oficial del 30 de agosto pasado,—por la cual se regula el procedimiento para que en el plazo de “90 días corridos” los letrados de Aduana cobren sus honorarios.

En caso de no abonar ese dinero se hallará incursa en infracción a los artículos 248 (incumplimiento de los deberes de funcionario público) y 173, inc. 7º (administración fraudulenta) del Código Penal.

Como puede verse, la funcionaria se encuentra entre la espada y la pared. Los fondos para pagar los honorarios de los profesionales se han utilizado para financiar la campaña de Cristina Kirchner; ergo, ya no están disponibles.

Sin embargo, ella no puede decir una sola palabra al respecto. Si lo hace, salvará su pellejo pero no su cargo.

Por el contrario, si persiste en el ocultamiento de esa evaporación dineraria, Alasia conservará su puesto, pero tendrá serios problemas judiciales.

¿Qué optará por hacer la funcionaria?

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1