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Pasan cosas en la Dirección General de Aduanas. Son cuestiones de meridiana gravedad, ciertamente. Algunas de ellas fueron denunciadas oportunamente desde este periódico, otras seguramente serán descriptas en sucesivos artículos.
Gracias a la permisividad de un grupo de empleados y jefes de esa dependencia, ayudados por el ineficiente control del director general aduanero, el kirchnerista Ricardo Echegaray, el contrabando, la coima y los negociados van día a día in crescendo.
Una de las irregularidades más comunes tiene que ver con el "cajoneo" de expedientes por parte de ciertas secciones de la Aduana, las cuales dejan "vencer" las fechas de los trámites que inician los interesados a efectos de engañarlos y hacerles perder la "obligación" de pagar grandes multas. Luego se arregla todo por una cantidad importante de dinero "bajo mesa", la cual siempre será menor a lo que el interesado tenía que pagar.
Gustavo D’angelo es uno de los "verificadores" de la Aduana que permite que suceda esto. Según las fuentes consultadas para este artículo, D’angelo -quien ya tuvo un antecedente oscuro en el año 99 en el marco de un contrabando de cigarrillos (1)-, maneja la parte "operacional" de casi todos los ilícitos. "Este tipo maneja los curros, contrabando y tráfico de drogas. Él y su séquito son los que pudren todo realmente. El director general lo sabe y aún no ha hecho nada porque le tiene un cagazo total al jerarca principal, Hugo Gómez, subdirector de operaciones metropolitanas
Delito y ascenso
Lo más inexplicable de lo que sucede en la Aduana es la manera en que se encubre y premia a personas que han sido denunciadas públicamente y han afrontado sendas causas penales, como ha sucedido en torno al caso "Piana", más conocido como el de la "mafia del oro". Por caso, dos de los implicados, Carlos Milzstein y Eduardo Bernardi han sabido "pulir" sus causas judiciales y hoy les han dado cargos de suma relevancia en esa dependencia: Bernardi es Director de Departamento y Milzstein es Director de División.¿Cómo es posible semejante despropósito?
La lista secreta
En uno de los encuentros que este periodista tuvo con personas vinculadas a la Dirección General de Aduanas, pudo acceder a una lista interna en la que los "buenos" empleados señalan a sus malos compañeros. Ese listado fue enviado a Ricardo Echegaray, director general de esa dependencia y hasta el día de la fecha no ha hecho nada. En la entrevista aparece la inevitable bronca: "No sólo Echegaray no hizo nada, sino que sacó a gente honesta simplemente porque le contestaba mal a las nuevas autoridades que ha puesto en la 'división verificación'".
Sección "A" - Alimentos
-Giordano Manuel, legajo 25029-5, inepto apretador, no tiene idea de nada.
-Indart Varela, legajo 25026-1, apretador .
-Baldasarre Federico, legajo 25792-9, inútil total para verificación. Le hacía discursos a Domingo Cavallo.
-Caeiro Daniel, legajo 26038-0, apretador y soldado nato de la actual jefatura de División y Sección.
-Kogan Hugo, legajo 15997-2, apretador.
-Martinovich Adriana, legajo 18090-4, inepta total, ladrona y mala persona. Apretadora. Siempre se ampara en el sindicato y en su amante, el segundo jefe de División, Alberto Giménez.
-Otero Gustavo, legajo 28315-1, vino de la DGI y quiso hacer todo de golpe. Implicado en caso drogas en carbón y pescado.
-Peralta Sergio, legajo 27860-2, ladrón nato, apretador y mal compañero .
-Pérez María, legajo 22021-3, inepta total, no puede ser verificadora desde ningún punto de vista. Fue nombrada por amiguismo de la jefatura .
-Teti Norberto, legajo 24978-5, apretador y mal compañero. Posee sumario y algún que otro llamado importante de la justicia por no haber verificado correctamente lo que se le ordenaba. Le hicieron seguimientos y comprobaron dicha falta.
-Williams Ezequiel, legajo 27750-9, apretador, la madre trabaja en un juzgado y tiene relaciones con los mismos.
-Zarate Silvia, legajo 17820-9, inepta total. Aprieta demasiado.
Sección "B" - Químicos
-Anganuzzi Oscar, legajo 15849-6, lacra e inepto total. Jugador empedernido y mal compañero. Se retiró de la Aduana con u$s 1.500.000 y perdió todo en él termino de 3-4 años. Volvió a reincorporarse a la aduana y su adicción a los "burros" y a algunas compañeras de trabajo lo han hecho perder todo lo que recaudó en su nuevo transcurso por esta dependencia. Ya no sabe qué hacer para apretar más y más a los usuarios.
-Biaggi Marcela, legajo 25143-7, apretadora total. Actualmente se encuentra en Ezeiza.
-Conti Diana, legajo 17127-1, lacra total, se escapó de la parte de verificación por que se mandó varias trastadas y pidió ir a "secustros" que es un lugar donde no corre peligro de firmar nada mal. Contaba con categoria interna CT9 en el año 2003.
-Fichi Luis, legajo 18904-9, contrabandista de primera. Firma sin ver nada. Aliado del antes mencionado D’angelo en el contrabando de cigarrillos, que tambien firmó en esa epoca. Actualmente continúa con la misma modalidad.
-Montesano Alejandro, legajo 25486-0. Histérico total y mala persona. Abusa de su condición ante el usuario, tratándolo pésimamente. Además de ser supervisor desempeña la funcion de verificador. Lo echaron de "clasificación arancelaria".
-Echegoyen José, legajo 26795-3. Apretador, se respalda por el apellido de su padre.
-Fernández Eduardo, legajo 22086-2. Ladrón y apretador total, en épocas del proceso torturó a compañeros.
Seccion "D" - Máquinas, electricidad y ferretería
-Arostegui Gabriel, legajo 26143-2, inepto total. Apretador y mal compañero. Se jacta de ser hijo de otro Arostegui que tuvo algunos cargos importantes en la Aduana.
Concluyendo
En la Dirección General de Aduanas trabaja mucha gente honesta. Son personas que tienen muchos años de trabajo y que no quieren ser confundidos con los que cometen ilícitos aprovechándose de sus cargos. Uno de los entrevistados por quien escribe estas líneas lo ha reflejado de manera más que elocuente: "Existe mucha gente en la Aduana muy capaz y con ganas de hacer las cosas como corresponde, pero estos engendros usan su poder para frenar iniciativas de mejora, humillan a la gente, la cambian de lugar, cortan todo tipo de camino para crecer y para que nadie puedad denunciarlos. Son siempre los mismos".
Frente a lo descripto caben algunas preguntas:
-¿Cómo es posible que personas han sido sumariadas o que poseen causas judiciales en su contra ocupen cargos de relevancia en un organismo tan importante y delicado?
-¿Acaso la ley no es clara en ese punto, al prohibir que gente sumariada pueda ocupar cargos de jefaturas en la aduana?
-¿Quién sostiene a Milzstein y Bernardi a través de los distintos cargos que han ostentado?
-¿No deberían ser despedidos aquellos que firmaron y avalaron los cargos que les dieron a los mencioandos?
-¿Por qué no hace nada el director general de Aduanas, Ricardo Echegaray?
-¿Alguien puede responder algo, por el amor de Dios...?
Christian Sanz
(1) D´Angelo fue acusado por Ibrahim Al Ibrahim en el marco de la causa del Yomagate (por drogas) de haber recibido papelitos de Duhalde y de la Casa Rosada y nunca revisó nada".
Anexo: Sumario Administrativo N° 143/99:
Se inició como consecuencia de una denuncia anónima contra la División Verificación de la Dirección General de Aduanas, relacionada con presuntos ilícitos ocurridos en el primer semestre de 1999 y que conformarían “una nueva Aduana paralela”.
Según los denunciantes se habrían configurado los siguientes ilícitos: “Asociación Ilícita, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, enriquecimiento ilícito, apropiación de derechos aduaneros e impuestos generales, malversación de fondos públicos y contrabando simple y calificado con agravante por ser funcionario aduanero”.
En la denuncia se afirma además que en el sector mencionado actuante en todo el Territorio Nacional existen graves irregularidades relatando el “modus operandi” , en sus distintas escalas jerárquicas, respecto de la exportación, importación, giro de los verificadores y canales de selectividad.
Según la denuncia las copias de algunos despachos y permisos firmados, de documentación falsificada y algunas escuchas y filmaciones directas se encuentran bajo la tutela de un Escribano y serían remitidos al Juzgado Penal en lo Económico, a SIGEN, al Banco Mundial, al Administrador Federal de Ingresos Públicos, a la Comisión de Aduana Paralela del Congreso Nacional, y a los medios televisivos y gráficos.
A pesar del carácter anónimo de la denuncia, se resolvió que se cumplían los extremos legales para la substanciación de acciones sumariales. El 19/10/99 el Director General de Aduanas ordenó la apertura de la Información Sumaria en el ámbito de la División Verificación, dependiente de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Se designó como Instructor al abogado Walter De Leo. Cabe destacar que de la actuación en trámite se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1.
El Instructor dedujo excusación fundamentándose, entre otras cosas, en que asesoró a las Directora y Subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas en las primeras y sucesivas medidas adoptadas respecto de la denuncia. Además manifestó que es obligación excusarse cuando el Instructor depende jerárquicamente del sumariado a los fines de evitar la recusación posterior.
La Dirección de Asuntos Legales Administrativos se expidió el 27/11/99 señalando que era evidente que en una información sumaria no sólo no existe sumariado, sino que tampoco puede en el transcurso de su substanciación efectuarse imputación alguna. Finalmente opinó que debía emitirse el acto administrativo por la misma autoridad que ordenó su instrucción, aceptando o rechazando la excusación.
El 06/12/99 el Director General de Aduanas desestimó la excusación y señaló que correspondía que el Dr. De Leo asuma la instrucción.
El 13/12/99 se emitió la Disposición N° 120/99 en la que se consideró que el trámite de las actuaciones registraba una excesiva demora, la cual debía ser investigada, haciendo ello carecer de sentido la instrucción de una información sumaria, por lo que se consideraba que el procedimiento más adecuado era el sumario administrativo, atento la gravedad de los hechos y de las conductas a investigar. Se decidió así la Instrucción del Sumario en los términos de la Disposición N° 501/99 AFIP – Anexo I, Artículo 14, designándose instructor al Dr. Guillermo Gustavo Repetto Boerr , quien aceptó el cargo el 31-01-00.
El 3/02/00 el nuevo Instructor requirió la nómina de verificadores que prestaban servicios durante los meses de Marzo, Junio y Diciembre de 1999, documentación que fue aportada dividida por ramos incluyéndose los agentes que ejercían tareas administrativas.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas el 08/02/00 solicitó a la Instrucción el monto del perjuicio fiscal y los funcionarios involucrados, informándose que hasta la fecha no se habían tomado declaraciones a funcionarios ni habían surgido otros indicios que pudiesen involucrarlos, ni tampoco se determinó el perjuicio fiscal.
El 08/05/00 el Departamento de Asuntos Internos requirió información relativa al estado del sumario al Departamento de Sumarios Administrativos, quien respondió que se encontraba en “pleno trámite” habiéndose recabado la producción e incorporación de prueba documental.
El 28/09/00 se reemplazó al Instructor, recayendo la designación en el Dr. Alberto Ramón Madaria.
La Jefatura del Departamento de Policía Aduanera el 14/12/00 informó a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, que había tomado conocimiento de la denuncia oportunamente formulada al Juzgado en lo Penal Económico N° 1, Secretaría N° 1, el que ordenó el inicio de tareas investigativas y que de corroborarse los extremos denunciados, se debía proceder a poner en conocimiento de ese Tribunal, a los fines de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes. A su vez se informó que el Departamento se encontraba a la espera de las conclusiones a las que hubiera arribado el área investigadora.
El 27/11/00 la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas requirió el monto estimativo del perjuicio fiscal, categoría de los funcionarios involucrados y su estado de revista, a la cual se respondió que aún no se encontraba estimada la existencia ni el monto de Perjuicio Fiscal, ni tampoco funcionarios públicos involucrados.
El 13/02/01 el Dr. Madaria se dirigió al Departamento de Asuntos Internos para requerir la realización de una investigación patrimonial, tanto en los Registros Centralizados de la Propiedad, como en los descentralizados inmobiliarios de la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro, de 25 agentes seleccionados por muestreo del listado de cada una de las áreas que estarían presuntamente involucradas.
El Instructor solicitó el 6/03/01 a la
