El 2 de marzo del corriente fue designado como coordinador de subastas y concesiones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Santiago Cafiero, al Doctor Fernando Adolfo Cano, aunque recién fue publicado su nombramiento este corriente 5 de mayo.

Se trata de un personaje que mientras se encontraba ejerciendo como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fue denunciado por estafas y falsificación de documentos.

En el 2009, el escritor Cristian Casadey hizo pública una denuncia contra Cano por un abanico de hechos delictivos. Entre ellos se puede mencionar el secuestro de Francisco Emilio Casadey, padre del denunciante, con el presunto propósito de apropiarse de una propiedad de éste último.

También, el señor Cristian aseveró que sufrió la persecución política por parte de Cano, quien, con la cuota de poder que ostentaba entonces, según asevera el escritor, buscaba quedarse con algunas de las propiedades de la familia. Dicha presentación fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos.

Cano es un tipo muy litigioso y litigiado. Dentro de la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aparecen una decena de causas en las que se encuentra como denunciado o denunciante.

Incluso llegó a denunciar al colega Luis Gasulla en el marco del libro que éste último redactó, “El Negocio de Los Derechos Humanos”. Dicho expediente aparece en la situación de “paralizado”.

El designado aquí descripto es muy cercano al sciolista Juan Bautista Morato, dicho sea de paso, fue éste último quien logró ingresar a Cano en el área de Gestión Administrativa del Senado de la Nación en 2017 (entonces a cargo de la exvicepresidenta Gabriela Michetti).

Una digresión al respecto de Morato: fue multado en el marco de un expediente. Según cuentan medios de La Plata, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ordenó a la Gestión de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, que encabezaba Guillermo Scarcella, a devolver al Estado unos 50 millones de pesos por egresos a lo largo del 2015 que fueron desaprobados.

Fernando Adolfo Cano