Si alguien cree que volvieron “mejores”, como dijo Alberto Fernández el 10 de diciembre pasado, solo debe seguir de cerca lo que viene pasando en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Allí, tal cual viene revelando Tribuna de Periodistas, vienen recalando personajes de grueso prontuario, que supieron estar complicados judicialmente y/o ostentan voluminosos sumarios por diversos desaguisados.
En una nueva entrega de este interminable culebrón, llega uno de los capítulos más escandalosos. Es el que atañe al flamante secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Alfredo Villalba, envuelto en una trama que cruza al fútbol, la corrupción y la política.
Su nombramiento pasó sin pena ni gloria por las páginas del Boletín Oficial, luego de haber sido designado en ese cargo el pasado 19 de diciembre de 2019 por el gobierno Alberto Fernández.
Sin embargo, quienes conocen a Villalba no olvidan su paso por el anterior gobierno kirchnerista, donde supo despuntar como coordinador de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.
De esos días queda el registro de un sumario que se mantiene bien cajoneado y que lo complica por el pago de facturas “truchas” a una empresa llamada IMPES, abocada al servicio de filmación en estadios futbolísticos.
La propia firma le pone un poco más de elocuencia a la cuestión. Aseguran “diseñar, proveer, instalar y mantener sistemas electrónicos de seguridad con amplia experiencia en la protección de infraestructuras críticas”.
Como sea, Villalba fue denunciado desde la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad por aprobar el pago de media docena de facturas “irregulares”, por un total de más de un millón cien mil pesos.
Una de esas facturas aparece en el Expediente SEG:0003717/2016, el mismo que investiga a Villalba: se trata de la B0003-00000209 y está bajo sospecha porque posee una fecha de emisión posterior a la fecha en que la misma fue recibida en la cartera de Seguridad.
En concreto, la misma fue emitida por IMPES el 4 de diciembre de 2015 y fue registrada por el ministerio el 3 de diciembre, es decir ¡Un día antes!
Las fotos aquí publicadas —en exclusiva— dan prueba de lo antedicho. No obstante, aparece un documento más, que se suma a todo lo revelado.
Es una nota firmada por la directora de Presupuesto y Contabilidad de la cartera de Seguridad, Lorena Pérez, quien confirma la existencia de la factura y le traslada la responsabilidad a Villalba.
En ese contexto, fuentes del Ministerio en cuestión revelaron a este portal que en realidad el supuesto servicio prestado no existe.
Ello provocó la furia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está dispuesto a avanzar hasta el punto que sea necesario para que el escándalo aquí contado vea la luz. No se sabe si es por la corrupción en sí o por el hecho de que lo dejaron fuera del negocio.
Por lo pronto, todo se intenta mantener en secreto, impunidad mediante. Tanto es así, que el auditor que descubrió la trama, Sergio Tomás Lombardo, fue eyectado de su cargo hace apenas unos días.
Está claro que, como se dijo, no volvieron mejores.