"Darío Richarte fue el funesto número dos de la ex SIDE en épocas de la Alianza y titular del estudio jurídico que defiende a muchos de los funcionarios kirchneristas complicados en graves hechos de corrupción. Como botón de muestra, puede mencionarse que tres de sus clientes son el ex director del Occovi, Claudio Uberti; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y Jorge Matas, el funcionario de la Cancillería desplazado por el caso de los autos con franquicias diplomáticas (...) El socio de Richarte, encargado de estampar la firma y llevar y traer los escritos de las causas que desvelan al oficialismo, es Diego Pirota, un joven abogado de escasa trayectoria profesional".

Esas líneas fueron publicadas por Tribuna de Periodistas el 25 de junio de 2009, en el marco de un artículo de investigación titulado, no casualmente, El organigrama de la mafia judicial. Allí, se describe claramente cómo funciona el lobby que maneja los hilos de la trastienda de la Justicia y que hoy sigue teniendo una vigencia que espanta.

"Richarte puede jactarse de la designación de algunos de los jueces que en los últimos años han demostrado no tener ética alguna a la hora de impartir justicia. Uno de ellos es el titular del juzgado Federal Número 1 de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, un funcionario tan ímprobo que acumula casi 40 denuncias ante el Consejo de la Magistratura", se asegura en la misma nota. Un dato revelador: pocos meses más tarde, este último juez fue eyectado de su cargo en el marco del oscuro expediente denominado "la ruta de la efedrina".

Por su parte, Pirota siguió siendo un poderoso e influyente abogado, con más capacidad de lobby que la que Amado Boudou le endilgó al estudio jurídico perteneciente a la familia del ex procurador Esteban Righi.

Seguramente por ello, José María Núñez Carmona —sindicado como supuesto testaferro del Vicepresidente— decidió contratarlo cuando comenzaron a salpicarlo los dardos del caso Ciccone-Boudou.

Las primeras movidas del letrado, muestran a las claras cómo se maneja: hace unas horas, por caso, Pirota pidió la nulidad del allanamiento al departamento de Boudou en Puerto Madero que la Justicia realizó la semana pasada.

Lo hizo luego de considerar que el fiscal se basó en la declaración jurada de 2010 del funcionario, en la que decía que tenía el departamento alquilado, pero que la ley de ética pública establece que solo se puede usar en casos de enriquecimiento ilícito.

Finalmente, será la propia Justicia la que determine si los cuestionamientos de Pirota son pertinentes. Mientras tanto, el letrado se enfoca en buscar vicios en el expediente de marras y "embarrar la cancha", no solo a nivel judicial sino también a nivel mediático.

Pocos saben que fue él quien pergeñó la estrategia de dar a conocer el insólito intercambio de mensajes entre el juez Daniel Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, ante el Consejo de la Magistratura y ante los medios (1). Una jugada brillante si las hay, y que dañó ostensiblemente la figura del magistrado federal.

También fue Pirota quien le recomendó a Boudou que salpicara a todos aquellos que pudiera en lugar de aclarar su situación personal; esto, a efectos de lograr que la prensa deje de hablar del tema Ciccone. El resultado final demuestra que esto se logró con creces.

Para Pirota fue una doble victoria, ya que logró a su vez ensuciar a su principal competidor: el estudio jurídico Righi. Quienes conocen el mundillo judicial, aseguran que este último le disputa a Richarte el manejo del lobby judicial a altos niveles.

Abogado lobbysta y "sacapresos" 

A la hora de ejercer su defensa, Pirota suele apelar a los recursos de los típicos abogados "sacapresos": presionar a la Justicia, contraatacar a través de los medios y buscar vicios de nulidad de los expedientes que maneja.

El mejor ejemplo lo puede brindar la causa judicial que investiga el ingreso de casi 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Antonini Wilson, hecho ocurrido el 4 de agosto de 2007. Allí, Pirota defiende a uno de los ex funcionarios más poderosos que tuvo el kirchnerismo, Claudio Uberti, otrora responsable de recaudar dinero para las últimas campañas del Frente para la Victoria.

Su estrategia ha sido la de lograr que la pesquisa quede enmarcada en el delito de lavado de dinero. De esta manera, estaría prescripta la acción a raíz de una reforma penal por la cual se suprimió el agravante cuando el sospechado es un funcionario público, con lo cual la pena máxima se redujo a 3 años.

"Estamos frente a un caso en donde resulta evidente el desinterés de la sociedad por la punición de la conducta, toda vez que la norma que la sancionaba ha sido derogada por una nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación en fecha 21 de junio de 2011", reza el escrito de Pirota, intentando beneficiar a Uberti a como sea.

Sin embargo, su pedido fue rechazado con duros términos por el juez que investiga el expediente, Marcelo Aguinsky, en diciembre de 2011.

La respuesta del magistrado, a la que tuvo acceso privilegiado Tribuna de Periodistas, no deja lugar a dudas: "La argumentación desarrollada por el letrado defensor, en cuanto a que la prueba incorporada a la causa permitiría —a su juicio— descartar que su defendido participó de un hecho que podría encuadrarse en el delito de contrabando, no puede ser receptada favorablemente (...) Tanto la excepción de falta de acción como la solicitud de sobreseimiento por prescripción deben ser rechazadas".

Tras analizar los planteos de Pirota y de la fiscal María Luz Rivas Diez, Aguinsky también determinó que la pesquisa debe continuar por la figura del contrabando agravado, mientras que la del lavado "se encontraría lisa y llanamente prescripta".

Un paréntesis interesante: Aguinsky consideró necesaria, además, una "reflexión" sobre la eliminación de la figura agravada en el delito de lavado de dinero que aprobó el Congreso, con el voto del oficialismo y varios bloques de la oposición y que, en este caso, beneficiaría a Uberti, el verdadero jefe del vuelo que se anunció a las autoridades de Aeroparque como de "Presidencia de la Nación".

Concluyendo 

La selección de Pirota como abogado por parte de Núñez Carmona no parece una cuestión casual. Denota más bien la clara preocupación por lo que pudiera derivar de la investigación del caso Boudou-Ciccone.

A esos efectos, debe agregarse el hecho de que el otro supuesto testaferro del Vicepresidente, el fantasmal Alejandro Vandenbroele estuvo en las últimas horas gestionando un certificado de antecedentes ante el Registro Nacional de Reincidencia. “¿Estará tramitando un pasaporte nuevo?”, se preguntaron propios y ajenos.

Como sea, mientras esto ocurre, el kirchnerismo a pleno insiste en su embestida contra el juez Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo (2).

No cuentan con que otra causa judicial —aún más explosiva— avanza en silencio y con fuerte impulso contra Boudou en sede del juzgado de Ariel Lijo. Es la que presentó este periodista a fines de febrero de este año.

No es poco.

 Christian Sanz

(1) Según refiere diario La Nación, del contenido de los mensajes que fueron presentados ante el Consejo de la Magistratura de su contenido surge un nuevo lazo entre Boudou y Alejandro Vandenbroele, a quien el vice jura desconocer. Ese lazo es Danuzzo Iturraspe.

"¿AV Cuando hace la espontánea sabes?", le pregunta Rafecas en referencia a la presentación espontánea en la causa de Vandenbroele. "La tiene lista pero está esperando el audio [de la conferencia de prensa de Echegaray] que lo mandaron a desgravar [sic] recién hoy", responde el abogado. En otro tramo, dicen:

Rafecas (R): Ya designó abogado AB [por Boudou]?

Danuzzo Iturraspe (DI): Mañana o el lunes creo q se presenta... Perdón AB no se va a presentar! El que se va a presentar es AV.

En otro tramo el vínculo se hace incluso más evidente. El 12 de marzo, Danuzzo le escribe al juez: "Buen día Dani tengo la presentación de AV. Querés que te la lleve a vos o preferís la presenten al Fiscal? Yo prefiero dártela a vos y q se la mandes x la cuestión mediática".

(2) Hace instantes, Pirota pidió la recusación del fiscal Rívolo.