Este lunes, cobró un nuevo impulso la denuncia que Tribuna de Periodistas presentó a fines del mes de febrero contra Amado Boudou por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ya que el fiscal federal Jorge Di Lello decidió finalmente imputar a al vicepresidente. Ahora, el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, deberá refrendar el trabajo del fiscal.

La causa es complementaria a la ya conocida por el escándalo de la ex Ciccone, que originalmente llevaba adelante el juez Daniel Rafecas y que fue impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans.

Sin embargo, además de las causas asociadas a su posible involucramiento en la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica y la de enriquecimiento ilícito, el ex ministro de Economía posee alrededor de otras 54 que lo tienen como imputado.

“He tenido más de 20 causas penales, de las cuales 18 están cerradas”, aseguró el vicepresidente, en la conferencia  de prensa sin preguntas que brindó el jueves 5 de abril, luego del allanamiento a su propiedad en Puerto Madero.

No obstante, las causas que el vicepresidente posee, duplican las que admitió en su discurso.

Según el registro de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Boudou posee 54 causas que lo tienen como imputado y ellas no incluyen las que se puedan haber iniciado en tribunales de Mar del Plata, antes de su incorporación al gobierno nacional.

Las denuncias van desde la propiedad de un automóvil con falsos papeles, a la compra sin licitación de otros más para el Ministerio de Economía.

También figura una denuncia por daños al patrimonio histórico, a raíz de una remodelación en el Senado. Fue presentada por Juan Ricardo Mussa, político y empresario.

Boudou fue acusado de comprar bonos del Estado con sobreprecio para el fondo de jubilaciones. Luego sobreseído por la jueza María Servini de Cubría, a fines de 2011.

En 2008, el entonces fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, lo acusó de “malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público” por no haber transferido los fondos debidos a la caja de jubilaciones de Córdoba.

En diciembre de 2009, Fernando “Pino” Solanas lo acusó por abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos por la decisión de utilizar parte de las reservas del Banco Central para cancelar deuda.

Asimismo, existe una causa por la compra de insumos para el Ministerio de Economía. El abogado Ricardo Monner Sans lo acusó por la compra fraudulenta de lamparitas y papel, caso en el que finalmente Boudou fue sobreseído.

No fue así en la causa por la compra de 19 autos sin llamado a licitación, por la cual terminó allanado el Ministerio de Economía. La compra había sido autorizada por el presidente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, ahora candidato oficial a procurador General de la Nación.

En una de las causas también se investiga si Boudou utilizó un helicóptero de una contratista del Estado para viajar hasta Necochea, donde asistió a un acto político, según contó oportunamente diario Perfil y denunció luego Monner Sans.

Además de las  54 causas judiciales que lo tienen como imputado, el vicepresidente ostenta además el título de mayor infractor de tránsito entre los funcionarios nacionales, con 21 multas impagas entre el 15 de noviembre de 2007 y el 2 de abril de este año. La mayoría por exceso de velocidad y estacionamiento en lugar prohibido.